El polémico proyecto de ley anticorrupción promovido por el Gobierno tuvo la noche de este lunes un agitado debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que negó las proposiciones que buscaban eliminar el polémico artículo 68 de la iniciativa el cual censuraría a los medios de comunicación en Colombia por denunciar a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Hubo un total de 73 votaron por el no, sobre 51 votos por el sí.

El representante a la Cámara Germán Navas Talero calificó la decisión como un "engendro", informó la estación radial Blu.

“Los servidores públicos tenemos que dar ejemplo, debemos dar ejemplo. Recibimos un premio de la sociedad cuando se nos entrega el cargo. Es los que más debemos someternos al escrutinio público. Cual es el miedo que tiene algunos servidores públicos”.

“Esto es especialmente grave para periodistas, para ciudadanía que hace veeduría o partidos que hacen control político. Limitar de esta manera la libertad de expresión a el derecho de oposición es inconstitucional. Es abiertamente a la comisión Interamericana. Este es el camino de regímenes autoritarios a lo largo y ancho del continente”, señalo la representante Juanita Goebertus.

"Actualmente, la ley permite que un funcionario público pueda controvertir la información sobre lo que se publica, pero, adicionalmente, la injuria y la calumnia ya están tipificadas en el código penal y tiene unas penas que aumentan en un 3.75%", dijo Mauricio Toro.

El padre de esta propuesta considerada un ‘mico’ u ‘orangután’, como se le llama en medios políticos, y que ha sido denunciado por el gremio de los medios de comunicación y por la Fundación para la Libertad de Prensa, es el representante a la Cámara por el Atlántico César Lorduy.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Gabriel Santos, destacó que se logró convencer a la plenaria de votar en contra de una parte del artículo, el cual quedó de esta manera.

“Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece”.